Los piratas informáticos reclaman el pago de 4.2 millones de euros, para poder liberar los 4.4 terabytes de datos comprometidos. En caso de no producirse ese pago, podrán publicar datos de ensayos sobre el cáncer y enfermedades autoinmunes, así como datos relativos a sus propios trabajadores, tales como nóminas y datos fiscales.