Los derivados de la pérdida de ingresos como resultado de una vulneración de seguridad o de un ataque de denegación de servicio. La cobertura para los datos alojados en la nube. Gastos de gestión y comunicación de la crisis. Gastos de reparación de equipos dañados y tareas de restauración de los datos borrados (hasta el límite contratado). Defensa jurídica y protección contra sanciones de organismos reguladores.

Coberturas de responsabilidad civil por pérdida de datos de carácter personal. Gastos de notificación de vulneraciones de privacidad a los dueños de los registros o a terceros potencialmente afectados. Tramitación de reclamaciones de terceros por incumplimiento en casos de custodia de datos, difamación en medios o infección por malware. Cobertura de delitos cibernéticos, entre otros: estafas de phishing (suplantación de identidad), hacking telefónico, fraude electrónico y extorsión cibernética.